Es probable que si una persona con problemas económicos o con baja calificación de crédito se retrasa en el pago de su mensualidad, el día menos esperado su automóvil no encenderá y no precisamente por problemas mecánicos.
No encenderá porque alguien a distancia -por lo general el que le prestó el dinero (un banco o entidad financiera)- lo desactivó a control remoto y ya no va a poder conducir más.
A menos, claro, que pague la deuda atrasada.
Eso es lo que está ocurriendo en EE.UU., donde se está volviendo cada más extendida la política crediticia de instalar en los autos un dispositivo que les permite a las entidades financieras apagar electrónicamente los vehículos de aquellos clientes que hayan incumplido con sus obligaciones de pago.
Estos dispositivos, cuyos nombres varían según el fabricante, se apoyan en la tecnología GPS y además le permiten al acreedor precisar los movimientos y ubicación del automóvil.
El aparato, que suele estar instalado en los tableros de los automóviles, es objeto de debate ya que muchos consideran que constituye una intrusión en la vida privada de las personas.
Ha sido comparado con el concepto orwelliano del Gran Hermano.
Muchos consideran que puede suponer un riesgo para la vida de las personas, especialmente si llegara a ser activado mientras el vehículo está en marcha.
Sus críticos lo consideran discriminatorio hacia las personas pobres o de menores recursos, pues suele instalarse en los vehículos adquiridos por personas con problemas para acceder a un crédito, es decir, con una calificación crediticia de menos de 640 puntos (la escala va de 350 a 900 puntos).
Aunque no se trata de una tecnología nueva -ya tiene casi una década-, en las últimas semanas el dispositivo se ha vuelto tema de debate público debido a una demanda colectiva en contra de empresas financieras por el uso de esta tecnología.
La demanda surgió del caso de Mary Gibbs-Bolender, una mujer de la ciudad de Las Vegas, en Nevada, que en marzo pasado tenía urgencia por llevar a su hija de diez años y enferma de fiebre a la sala de emergencia.
Pero su camioneta Chrysler del año 2005 no se encendió.
Bolender, que la compró en septiembre de 2013, se había atrasado tres días en el pago de la mensualidad de su auto y el financista (C.G.A. Acceptance, con sede en Mesa, Arizona) activó el dispositivo. Para poder encenderla de nuevo tuvo que cancelar más de US$389, dinero que no tenía en el momento.
Según el diario The New York Times, no era la primera vez que ocurría: ya antes, al menos en cuatro oportunidades en distintos meses, su auto había dejado de funcionar.
Un grupo de abogados (del Lawyers for Legal Aid Center y del escritorio jurídico Kemp-Jones-Coulthard Law Firm) entabló una demanda colectiva -de parte de Gibbs-Bolender y de otros en situación similar- en contra de C.G.A. Acceptance.
La demanda, según fue informado, se apoya en el hecho de que al negarle a Gibbs-Bolender el uso de su auto a tercer día de atraso en el pago, la empresa financista violó la ley del estado de Nevada que establece que un comprador no está en default mientras no pasen más de 30 días de incumplimiento.
La compañía, que opera en Nevada y Arizona, ha utilizado este dispositivo durante los últimos ocho años.
BBC Mundo se comunicó con John Peña, gerente general de C.G.A. Acceptance, pero éste dijo no tener “nada que comentar” debido al proceso legal en curso.
Aunque existen varios fabricantes de esta tecnología, los líderes del mercado según la revista Forbes son Passtime (con sede en Littleton, Colorado) y Skypatrol (con sede en Miami).
De hecho, el adminículo utilizado por C.G.A. Acceptance en el caso Gibbs-Bolender es de la marca Passtime.
Se calcula que el sistema ha sido instalado en unos dos millones de autos en Estados Unidos.
Los defensores del dispositivo sostienen que éste ha permitido justamente que aquellos prestatarios que suponen alto riesgo puedan adquirir vehículos, cosa que de otra forma no habría ocurrido.
Por ejemplo, Lender Systems, una empresa de Temecula, en California, sostiene que su tecnología permite proteger “más de US$2.000 millones en portafolios de préstamos de automóviles”.
El eslogan de esta empresa es “cambiando conductas por medio de la tecnología”.
Y claro, esta tecnología, de acuerdo con sus defensores, ha ido sustituyendo a la clásica figura del repo man, es decir, la persona encargada de buscar y recuperar los automóviles en mora.
Lionel M. Vead Jr., de First Castle Federal Credit Union, una empresa financista con sede en Covington, Luisiana, dice que la tecnología le permite monitorear los movimientos de unos 880 prestatarios y que puede desactivar sus autos con tan solo pulsar unos pocos botones de su computadora o su teléfono celular.
“He desactivado un auto mientras hago las compras en Wal-Mart”, dijo Vead Jr. a The New York Times.
Casi un 30% de los autos financiados por su empresa tienen el dispositivo.
Por supuesto que en casos de emergencia, el auto puede ser activado nuevamente.
Informe: BBC Mundo
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